LEYES Y/O DECRETOS
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Ley 24.467 TEXTO ACTUALIZADO
Disposiciones Generales. Objeto. Definición de PYMES. Instrumentos. Autoridad de aplicación. De forma. Sociedades de GarantÃa recÃproca. CaracterÃsticas y constitución. Capital Social, fondo de riesgo y beneficios. Organos sociales. Fusión, escisión y disolución. Contrato, garantÃa y contragarantÃa. Efectos del contrato entre la Sociedad de GarantÃa RecÃproca y el acreedor. Efectos entre la Sociedad de GarantÃa RecÃproca y los socios. Extinción del contrato de garantÃa recÃproca. Beneficios Impositivos y Banco Central. Autoridad de aplicación. Disposiciones finales. Relaciones de Trabajo. Definición de pequeña empresa. Registro Unico de Personal. Modalidades de contratación. Disponibilidad colectiva. Movilidad interna. Preaviso. Formación profesional. Mantenimiento y regulación de empleo. Negociación colectiva. Salud y seguridad en el trabajo. Seguimiento y aplicación.
Sancionada: Marzo 15 de 1995.
Promulgada: Marzo 23 de 1995.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección I
Objeto
ARTICULO 1° - La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello polÃticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.
Sección II
Definición de PYMES
ARTICULO 2° - Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las caracterÃsticas de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando asà se justificare, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del paÃs y con base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes, personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo 83 de la presente ley.
La autoridad de aplicación revisará anualmente la definición de micro, pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.
La autoridad de aplicación establecerá las limitaciones aplicables a las empresas que controlen, estén controladas y/o se encuentren vinculadas a otra/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para ser micro, pequeñas y medianas empresas.
Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas.
Los organismos detallados en el artÃculo 8° de la ley 24.156 tendrán por acreditada la condición de micro, pequeña y mediana empresa con la constancia que, de corresponder, emitirá la autoridad de aplicación por los medios que a esos efectos establezca.
(ArtÃculo sustituido por art. 6° de la Ley N° 27.444
Sección III
Instrumentos
ARTICULO 3° - Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tendiente a disminuir el costo del crédito. El monto de dicha bonificación será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a las MiPyMES nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna de las siguientes caracterÃsticas:
a) Regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media nacional;
b) Las provincias del norte argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano;
c) Regiones en las que se registren niveles de Producto Bruto Geográfico (PBG) por debajo de la media nacional.
(ArtÃculo sustituido por art. 42 de la Ley N° 27.264
ARTICULO 4° - La bonificación a la que se refiere el artÃculo anterior, será solventada por el Estado nacional y estará especialmente destinada a:
a) Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;
b) Créditos para la constitución de capital de trabajo;
c) Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización, tasas comparables a las más bajas de plaza y perÃodos de gracia según el retorno de la inversión previsto;
d) Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultorÃa, etcétera;
e) Créditos para financiar y prefinanciar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.
ARTICULO 5° - La bonificación a que se refiere los artÃculos 3° y 4° y el fondo a que se refiere el artÃculo 6° se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTICULO 6° - A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en los artÃculos 13, 15 y 16 de la presente ley, el Estado nacional a través de la autoridad de aplicación creará un fondo de garantÃa cuyo objeto especÃfico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas a los que se refieren los citados artÃculos.
ARTICULO 7° - El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán lÃneas especiales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Para tal fin, recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.
En ningún caso las condiciones de estos créditos podrán resultar menos ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que las que rijan para los que con igual destino, se detallan en el artÃculo 4° de la presente.
ARTICULO 8° - El Poder Ejecutivo nacional estimulará a través de los diversos medios a su alcance la constitución en el ámbito privado de sociedades conocidas como calificadoras de riesgo, especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitar su operatoria financiera y comercial.
ARTICULO 9° - Con el fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la utilización de los múltiplos recursos que ofrece el mercado de capitales tales como la emisión de obligaciones negociables, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos pertinentes dictara las normas que resulten necesarias para agilizar y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir en todo lo posible los costos implÃcitos en esas operatorias.
ARTICULO 10° - Los bancos oficiales pondrán en juego todos los mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad de mercado de capitales de concurrir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros, la emisión de Cédulas Hipotecarias.
ARTICULO 11. - Déjase establecido que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), originados en las disposiciones de los artÃculos 2° de la ley 21.542 y 11 de la ley 23.020, serán destinados durante el año fiscal 1995 a atender los gastos que demanden la implementación de los nuevos instrumentos creados en virtud de la presente o la ampliación de los ya existentes.
ARTICULO 12. - Créase un sistema de información MIPyME que operará con base en las agencias regionales, que se crearán de acuerdo a lo dispuesto en el artÃculo 13 de la presente. El sistema de información MIPyME tendrá por objetivo la recolección y difusión de información comercial, técnica y legal que se juzgue de interés para la micro, pequeña y mediana empresa. Las instituciones públicas y privadas que adhieran a la red de agencias regionales según lo dispuesto en el artÃculo 13 de la presente ley, se comprometerán a contribuir al sistema de información MIPyME proporcionando los datos locales y regionales para la red.
(ArtÃculo sustituido por art. 36 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 13. - El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las caracterÃsticas de cada región.
En la organización de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción privilegiará y priorizará la articulación e integración a la red de aquellas agencias dependientes de los gobiernos provinciales, municipales y centros empresariales ya existentes en las provincias. Todas las instituciones que suscriban los convenios respectivos deberán garantizar que las agencias de la red cumplan con los requisitos que oportunamente dispondrá la autoridad de aplicación con el fin de garantizar un nivel de homogeneidad en la prestación de servicios de todas las instituciones que integran la red.
Las agencias que conforman la red podrán funcionar como ventanilla de acceso a todos los instrumentos y programas actuales y futuros de que disponga el Ministerio de Producción para asistir al sector empresarial, asà como también todos aquellos de otras áreas del Estado nacional destinados al sector que el mencionado Ministerio acuerde incorporar.
Las agencias promoverán la articulación de los actores públicos y privados que se relacionan con el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de diagnóstico y formulación de propuestas, en todos los aspectos vinculados al desarrollo regional.
La Red de Agencias de Desarrollo Productivo organizada por el Ministerio de Producción buscará fomentar la articulación, colaboración y cooperación institucional, la asociación entre el sector público y el privado y el cofinanciamiento de actividades entre el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
(ArtÃculo sustituido por art. 35 de la Ley N° 27.264
ARTICULO 14. - Con idéntico propósito encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a movilizar, racionalizar y fortalecer tanta los cursos de acción como los recursos de los Institutos Nacionales de TecnologÃa agropecuaria (INTA) de TecnologÃa Industrial (INTI) y de TecnologÃa Minera (INTEMIN) y de los restantes centros e institutos de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES.
ARTICULO 15. - Consolidar y extender los polos productivos en el interior del paÃs para facilitar la convergencia de esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y empresas, de manera de mejorar la competitividad de las PYMES ubicadas en las economÃas regionales y sus posibilidades de inserción en el mercado internacional.
ARTICULO 16. - El Estado nacional priorizará la profundización, ampliación y difusión del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las empresas PYMES proveedoras y las grandes empresas.
ARTICULO 17. - El Estado nacional tomará los recaudos necesarios para que el Programa al que se refiere el artÃculo anterior incorpore paulatinamente a sus propios proveedores PYMES.
ARTICULO 18. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.
Entre otras, propiciará su incorporación progresiva al Sistema Nacional de Certificación de Calidad estableciendo, por la vÃa reglamentaria, plazos adecuados pero ciertos para la incorporación de sus proveedores PYMES al mismo y a su vez invitando a los estados provinciales a adoptar medidas similares.
ARTICULO 19. - La autoridad de aplicación promoverá la formación de Consorcios de empresas PYMES con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación, deforma tal de orientarlos hacia el aprovechamiento de las ventajas de localización adecuada, economÃas de escala, masa crÃtica de oferta, etcétera, que caracteriza a este tipo de asociaciones.
La erogación que demande el cumplimiento del presente artÃculo se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTICULO 20. - Se establecerán, a través de los organismos competentes polÃticas especÃficas de apoyo a la internacionalización comercial de las PYMES, con particular acento en su proceso de inserción en los mercados de la región.
ARTICULO 21. - Se diseñarán y desarrollarán instrumentos que induzcan y faciliten el proceso de especialización de las empresas pequeñas y medianas, de forma tal de incrementar su competitividad y, en consecuencia, su acceso a los mercados externos a partir del Mercosur.
Se deberán privilegiar aquellas herramientas que potencien la proyección exportadora de las PYMES, esto es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la financiación de las exportaciones, etcétera.
ARTICULO 22. - El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de EconomÃa y Obras y Servicios Públicos, con el concurso de las áreas de gobierno que resulten pertinentes desarrollará un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas.
El mismo tendrá como principales objetivos mejorar la capacidad de gerenciamiento y el conocimiento de los mercados, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de los mismos y estimulen un crecimiento sostenido de la productividad de las PYMES.
Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios PYMES se estimulará la participación y el asesoramiento de las entidades gremiales empresarias en el citado Programa Nacional de Capacitación.
El Programa Nacional de Capacitación se desarrollará en forma descentralizada a través de convenios con las provincias, las municipalidades y las universidades.
ARTICULO 23. - El Estado nacional continuará instrumentando y desarrollando herramientas crediticias y de capacitación especÃficamente destinadas a las microempresas.
ARTICULO 24. - Arbitrar los medios que promuevan la reconversión de las PYMES en consonancia con la preservación del medio ambiente y los estándares internacionales que rijan en la materia, estimulando la utilización de tecnologÃas limpias compatibles con un desarrollo sostenible.
ARTICULO 25. - La autoridad de aplicación queda facultada para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma legal, siempre que por ese medio se logren para la Pyme efectivas reducciones de los tiempos y costos de gestión.
ARTICULO 26. - Facúltase a la autoridad de aplicación para fijar polÃticas y dictar normas de lealtad comercial y defensa de la competencia con aplicación especÃfica a las relaciones de las PYMES con las grandes empresas sean estas sus clientes o proveedores, las que deberán prever la intervención del organismo competente en casos de atraso injustificado o descuentos indebidos en pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación de servicios.
ARTICULO 27. - La autoridad de aplicación creará un Registro de Empresas MiPyMES que tendrá las finalidades que se establecen a continuación:
a) Contar con información actualizada sobre la composición y caracterÃsticas de los diversos sectores Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que permita el diseño de polÃticas e instrumentos adecuados para el apoyo de estas empresas;
b) Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación de empresas que deseen o necesiten acreditar, frente a la autoridad de aplicación o cualquier otra entidad pública o privada, la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa conforme las pautas establecidas por la autoridad de aplicación;
c) Emitir certificados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa, a pedido de la empresa, de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la autoridad de aplicación tendrá las facultades de modificar y ampliar las finalidades del Registro de Empresas Mipymes, como asà también de articular acciones con cualquier otro organismo o autoridad, tanto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como municipal, que resulten pertinentes para dar cumplimiento con las finalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades deberán brindar al registro la información y documentación que la autoridad de aplicación le requiera, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación incluidas en el Registro de Empresas Mipymes, podrá ser consultada y utilizada por los organismos del sector público nacional, comprendidos en el artÃculo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, como asà también instituciones privadas, entre otros, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información. (Inciso sustituido por art. 5° de la Ley N° 27.444
(ArtÃculo sustituido por art. 33 de la Ley N° 27.264
ARTICULO 28. - El Poder Ejecutivo nacional elevará todos los años al Honorable Congreso de la Nación en la ley de Presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje mÃnimo de las compras del Estado nacional, las que, siempre y cuando exista oferta adecuada habrán de ser contratadas con pequeñas y medianas empresas.
ARTICULO 29. - Al solo efecto de atender a lo dispuesto en el artÃculo 11 de la presente ley, transfiérense los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME) ley 21.542 y 23.020, a la autoridad de aplicación de la presente ley.
Sección IV
Autoridad de aplicación
ARTICULO 30. - El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al presente tÃtulo.
InvÃtase a los Gobiernos Provinciales y Municipales a adherir a las disposiciones del presente capÃtulo.
Sección V
De forma
ARTICULO 31. - Derógase la ley 23.020/82 y toda otra ley y/o norma en lo que se oponga a la presente.
TITULO II
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA
Sección I
De las caracterÃsticas y constitución
ARTICULO 32. - Caracterización. Créanse las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (S.G.R.) con el objeto de facilitar a las PYMES el acceso al crédito.
Las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (S.G.R.) se regirán por las disposiciones del presente tÃtulo y supletoriamente la Ley de Sociedades en particular las normas relativas a las Sociedades anónimas.
ARTICULO 33. - Objeto. El objeto social principal de las sociedades de garantÃa recÃproca será el otorgamiento de garantÃas a sus socios partÃcipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley.
Además, podrán otorgar garantÃas a terceros.
Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.
(ArtÃculo sustituido por art. 13 de la Ley N° 27.444
ARTICULO 34. - LÃmite operativo. Las Sociedades de GarantÃas RecÃprocas (SGR) no podrán asignar a un mismo socio partÃcipe, o a terceros, garantÃas superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del fondo de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del veinticinco por ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo. En la condición de acreedor deberán incluirse las empresas controladas, vinculadas y las personas humanas y/o jurÃdicas que integren el mismo grupo económico de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del lÃmite operativo las garantÃas correspondientes a créditos otorgados por entidades bancarias y las garantÃas otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá autorizar mayores lÃmites operativos con carácter general en virtud del desarrollo del sistema. Asimismo, podrá exceptuar de los lÃmites operativos a casos particulares, con carácter excepcional y por decisión fundada, siempre que se presenten algunas de las siguientes circunstancias:
a) Respecto del lÃmite aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen actividades comerciales, industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina y/o agencias internacionales de crédito.
En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de financiamiento, en el costo y/o en el plazo, representan un beneficio real para las Mipymes;
b) Respecto del lÃmite aplicable al socio partÃcipe: cuando la Sociedad de GarantÃa RecÃproca tenga garantÃas vigentes como mÃnimo al treinta por ciento (30%) de sus socios partÃcipes, podrá autorizarse una garantÃa de hasta un quince por ciento (15%) del valor total del fondo de riesgo por cada sociedad de garantÃa recÃproca siempre que dicho monto no supere las ventas del último semestre calendario del solicitante.
(ArtÃculo sustituido por art. 14 de la Ley N° 27.444
ARTICULO 35. - Operaciones prohibidas. Las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (S.G.R.) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.
ARTICULO 36. - Denominación. La denominación social deberá contener la indicación "Sociedades de GarantÃa RecÃproca", su abreviatura o las siglas S.G.R.
ARTICULO 37. - Tipos de socios. La sociedad de garantÃa recÃproca estará constituida por socios partÃcipes y socios protectores.
Serán socios partÃcipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas fÃsicas o jurÃdicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones.
A los efectos de su constitución toda sociedad de garantÃa recÃproca deberá contar con un mÃnimo de socios partÃcipes que fijará la autoridad de aplicación en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme.
Serán socios protectores todas aquellas personas fÃsicas o jurÃdicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantÃa recÃproca con los socios protectores.
Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partÃcipe.
(ArtÃculo sustituido por art. 17 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 38. - Derechos de los socios partÃcipes. Los socios partÃcipes tendrán los siguientes derechos además de los que les corresponde según la ley 19.550 y sus modificaciones.
1. Recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello.
2. Solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establece en el artÃculo 47.
ARTICULO 39. - Derechos de los socios protectores. Los socios protectores tendrán los derechos que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones.
ARTICULO 40. - Exclusión de socios. El socio excluido sólo podrá exigir el reembolso de las acciones conforme al procedimiento y con las limitaciones establecidas en el artÃculo 47. Los socios protectores no podrán ser excluidos.
(ArtÃculo sustituido por art. 18 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 41. - De la constitución. Las Sociedades de GarantÃa Reciproca (S.G.R) se constituirán por acto único mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por La ley 19.550 y sus modificatorias, los siguientes:
1. Clave única de identificación tributaria de los socios partÃcipes y protectores fundadores.
2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partÃcipes en la sociedad.
3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partÃcipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.
4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.
5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partÃcipes.
ARTICULO 42. - Autorización para su funcionamiento. Las autorizaciones para funcionar a nuevas sociedades, asà como los aumentos en los montos de los fondos de riesgo de las sociedades ya autorizadas, deberán ajustarse a los procedimientos de aprobación que fija la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación otorgará a cada sociedad de garantÃa recÃproca en formación que lo solicite, una certificación provisoria del cumplimiento de los requisitos que establezca para autorizar su funcionamiento. Previo a la concesión de la autorización efectiva, la sociedad de garantÃa recÃproca deberá haber completado el trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio o autoridad local competente.
(ArtÃculo sustituido por art. 19 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 43. - El incumplimiento por parte de las personas humanas y jurÃdicas de cualquier naturaleza de las disposiciones del tÃtulo II de la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación, en forma conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las demás previstas en la presente norma, de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones, en virtud de lo dispuesto por el artÃculo 32 de la presente ley y las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Desestimación de garantÃas del cómputo de los grados de utilización que se requiere para acceder a la desgravación impositiva prevista en el artÃculo 79 de la ley 24.467 y su modificatoria;
b) Apercibimiento;
c) Apercibimiento, con obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución en el BoletÃn Oficial de la República Argentina y en los portales de la autoridad de aplicación, y hasta en dos (2) diarios de circulación nacional a costa del sujeto punido;
d) Multas aplicables a la Sociedad de GarantÃa RecÃproca (SGR) y/o, según si fuera imputable un incumplimiento especÃfico, a los integrantes de los órganos sociales de la misma. Las multas podrán establecerse entre un monto de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos veinte millones ($ 20.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar dichos topes mÃnimos y máximos cada dos (2) años;
e) Expulsión del socio protector o partÃcipe incumplidor, como asà también, la prohibición de incorporarse, en forma permanente o transitoria, al sistema por otra Sociedad de GarantÃa RecÃproca (SGR);
f) Inhabilitación, temporaria o permanente, para desempeñarse como directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, sÃndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en el TÃtulo II de la ley 24.467 y su modificatoria;
g) Inhabilitación transitoria para operar como Sociedad de GarantÃa RecÃproca (SGR);
h) Revocación de la autorización para funcionar como tal.
Las consecuencias jurÃdicas contenidas en el presente artÃculo podrán ser aplicadas de manera total o parcial. A los fines de la fijación de las sanciones antes referidas la autoridad de aplicación deberá tener especialmente en cuenta: la magnitud, de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor; el volumen operativo y el fondo de riesgo del infractor; la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización. En el caso de las personas jurÃdicas responderán solidariamente los directores, administradores, sÃndicos o miembros del consejo de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del consejo de calificación, respecto de quienes se haya determinado responsabilidad individual en la comisión de las conductas sancionadas.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el presente artÃculo, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Contra la resolución que disponga la imposición de sanciones podrá recurso de revocatoria ante la autoridad de aplicación, con apelación en subsidio por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ambos recursos tendrán efectos suspensivos.
(ArtÃculo sustituido por art. 43 de la Ley N° 27.264
ARTICULO 44. - Modificación de los estatutos. Será nula toda modificación a los estatutos de la sociedad que no cumpla con los siguientes requisitos:
1. Que el consejo de administración o los socios que realizan la propuesta formulen un informe por escrito justificando la necesidad de modificación de los estatutos.
2. En la convocatoria a asamblea general deberá detallarse claramente la modificación que se propone.
3. En la misma convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio legal el texto Ãntegro de la reforma propuesta y su justificación, pudiendo suplirse por la entrega o envÃo gratuito de dichos documentos, con acuse de recibo.
4 Se requerirá la aprobación de la propuesta de modificación por parte de la autoridad de aplicación.
5. Otorgada la autorización y aprobada en asamblea general, se procederá a la inscripción del mismo.
Sección II
Del capital social, fondo de riesgo y beneficios
ARTICULO 45. - Capital Social. El capital social de las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (S.G.R.) estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. El estatuto social podrá prever que las acciones sean registrales.
El capital social mÃnimo será fijado por vÃa reglamentaria. El capital social podrá variar, sin re querir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quÃntuplo de la misma.
La participación de los socios protectores no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del capital social y la de cada socio partÃcipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo.
(ArtÃculo sustituido por art. 21 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 46. - Fondo de riesgo. La Sociedad de GarantÃa RecÃproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.
Dicho fondo de riesgo estará constituido por:
1. Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la Asamblea general.
2. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantÃa asumido a favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido.
6. El aporte de los socios protectores.
El Fondo de Riesgo podrá asumir la forma jurÃdica de un fondo fiduciario en los términos de la ley 24.441, independiente del patrimonio societario de la Sociedad de GarantÃa RecÃproca. Esta podrá recibir aportes por parte de socios protectores que no sean entidades financieras con afectación especÃfica a las garantÃas que dichos socios determinen, para lo cual deberá celebrar contratos de fideicomiso independientes del fondo de riesgo general. La reglamentación de la presente ley determinará los requisitos que deberán reunir tales aportes y el coeficiente de expansión que podrán tener en el otorgamiento de garantÃas. La deducción impositiva en el impuesto a las ganancias correspondientes a estos aportes será equivalente a dos tercios (2/3) de la que correspondiere por aplicación del artÃculo 79 de la presente ley, con los mismos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en dicho artÃculo. (Párrafo incorporado por art. 22 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 47. - Derecho al reembolso de las acciones. Todo socio partÃcipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el consejo de administración siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantÃa recÃproca que hubiera celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mÃnimo y respete lo establecido en el artÃculo 37. Tampoco procederá cuando la Sociedad de GarantÃa RecÃproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución.
Para ello tendrá que solicitarlo con una antelación mÃnima de tres (3) meses salvo que los estatutos contemplen un plazo mayor que no podrá superar el de un (1) año. El monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas. No deberán computarse a tales efectos de la determinación del mismo, las reservas de la sociedad sobre las que los socios no tienen derecho alguno. E1 socio reembolsado responderá hasta dicho monto por las deudas contraidas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro por un plazo de cinco (5) años cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas.
En el caso de que por reembolso de capital se alterara la participación relativa de los socios partÃcipes y protectores, la sociedad de garantÃa recÃproca les reembolsará a estos últimos la proporción de capital necesaria para que no se exceda el lÃmite establecido en el último párrafo del artÃculo 45 de la presente ley. (Párrafo sustituido por art. 23 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
La reducción del capital social como consecuencia de la exclusión o retiro de un socio partÃcipe no requerirá del cumplimiento de lo previsto en el artÃculo 204, primero párrafo de la ley 19.550 y sus modificatorias, y será resuelta por el Consejo de Administración. (Párrafo incorporado por art. 24 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 48. - Privilegios. Las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (S.G.R.) tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantÃa recÃproca vigentes. Las acciones de los socios partÃcipes no pueden ser objeto de gravámenes reales.
ARTICULO 49. - Cesión de las acciones. Para la cesión de las acciones a terceros no socios se requerirá la autorización del Consejo de Administración y éste la concederá cuando los cesionarios acrediten reunir los requisitos establecidos en los estatutos y asuman las obligaciones que el cedente mantenga con la Sociedad de GarantÃa RecÃproca. Si el cesionario fuera asocio automáticamente asumirá las obligaciones del cedente.
(ArtÃculo sustituido por art. 25 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 50. - Aporte de capital. Los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mÃnimo en un cincuenta por ciento (50 %) al momento de la suscripción. El remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de un (1) año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partÃcipe pueda contratar garantÃas recÃprocas.
ARTICULO 51. - Aumento del capital social. El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quÃntuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias.
En caso de tratarse de emisión de nuevas acciones la integración de los aportes se realizará conforme a lo establecido en el artÃculo 50.
Todo aumento de capital que exceda el quÃntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea general extraordinaria.
ARTICULO 52. - Reducción del Capital por pérdidas. Los socios deberán compensar con nuevos aportes, según las modalidades y condiciones estipuladas en el artÃculo 50 de esta ley, cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del treinta y cinco por ciento (35%) de las ampliaciones posteriores. El Consejo de Administración con cargo a dar cuenta a la Asamblea más próxima, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurÃdica de la misma.
(ArtÃculo sustituido por art. 26 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 53. - Distribución de los beneficios. Serán considerados beneficios a distribuir las utilidades lÃquidas y realizadas obtenidas por la Sociedad en el desarrollo de la actividad que hace a su objeto social.
Dichos beneficios serán distribuidos de la siguiente forma:
1. Reserva legal: cinco por ciento (5 %) anual hasta completar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
2. El resto tendrá el siguiente tratamiento.
a) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado.
b) La parte correspondiente a los socios partÃcipes se destinará al fondo de riesgo en un cincuenta por ciento (50 %), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios.
En todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artÃculo, tanto los socios protectores como los socios partÃcipes deberán, para tener derecho a percibirlo, haber integrado la totalidad del capital social suscripto y no encontrarse por ningún motivo, en mora con la sociedad.
Sección III
De los órganos sociales
ARTICULO 54. - Organos sociales. Los órganos sociales de las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (S.G.R.), serán la asamblea general, el consejo de administración y la sindicatura, y tendrán las atribuciones que establece la ley 19.550 para los órganos equivalentes de las sociedades anónimas salvo en lo que resulte modificado por esta ley.
ARTICULO 55. - De la asamblea general ordinaria. La asamblea general ordinaria estará integrada por todos los socios de la Sociedad de GarantÃa RecÃproca y se reunirá por lo menos una (1) vez al año o cuando dentro de los términos que disponga la presente ley, sea convocada por el Consejo de Administración. (Párrafo incorporado por art. 27 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
Serán de su competencia los siguientes asuntos:
1. Fijar la polÃtica de inversión de los fondos sociales.
2. Aprobar el costo de las garantÃas, el mÃnimo de contra garantÃas que la S.G.R. habrá de requerir al socio partÃcipe y fijar el lÃmite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.
ARTICULO 56. - De la asamblea general extraordinaria. Serán de competencia de la asamblea general extraordinaria todas aquellas cuestiones previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias y que no estuvieran reservadas a la asamblea general ordinaria.
ARTICULO 57. - Convocatoria de las asambleas generales. La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el consejo de administración mediante anuncio publicado durante cinco (5) dÃas en el BoletÃn Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad, con quince (15) dÃas de anticipación como mÃnimo, a la fecha fijada para su celebración. En el anuncio deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar, orden del dÃa y recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.
La asamblea general extraordinaria será convocada por el consejo de administración o cuando lo solicite un número de socios que representen como mÃnimo el diez por ciento (10 %) del capital social. En la convocatoria, deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar de reunión y el orden del dÃa en el que deberán incluirse los asuntos solicitados por los socios convocantes y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. La convocatoria será publicada como mÃnimo con una antelación de TREINTA (30) dÃas y durante CINCO (5) dÃas en el BoletÃn Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en la que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad.
ARTICULO 58. - Quórum y mayorÃa. Tratándose de la primera convocatoria, las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de los votos de la sociedad debiendo incluir dicho porcentaje como mÃnimo un veinte por ciento (20 %) de los votos que los socios partÃcipes tienen en la sociedad. En la segunda convocatoria, las asambleas generales serán válidas con la presencia de por lo menos treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mÃnimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partÃcipes tienen en la sociedad.
Para decisión por asamblea de temas que involucren la modificación de los estatutos, la elección del consejo de administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad se requerirá una mayorÃa del sesenta por ciento (60 %) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mÃnimo un treinta por ciento (30 %) de los votos que los socios partÃcipes tienen en la Sociedad.
Para el resto de las decisiones se requerirá la mayorÃa simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayorÃa. En todos los casos las mayorÃas deberán incluir como mÃnimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partÃcipes tienen en la Sociedad.
ARTICULO 59. - Representación en la asamblea. Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en las asambleas generales mediante autorización por escrito para cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a mas de diez (10) socios ni ostentar un número de votos superior al diez por ciento (10 %) del total.
ARTICULO 60. - Nulidad do voto. Será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiera a la imposibilidad de que la Sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayorÃa.
ARTICULO 61. - Consejo de administración. El Consejo de Administración tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad y estará integrado por tres (3) personas de las cuales al menos una (1) representará a los socios partÃcipes y al menos una (1) representará a los socios protectores.
(ArtÃculo sustituido por art. 28 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 62. - Competencia del consejo de administración. Será competencia del consejo de administración decidir sobre los siguientes asuntos:
1. El reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mÃnimos de solvencia.
2. Cuando las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR) se hubiesen visto obligadas a pagar en virtud de la garantÃa otorgada a favor de un socio por incumplimiento de éste, el consejo de administración dispondrá la exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.
3. Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad ad referéndum de la asamblea ordinaria.
4. Nombrar sus gerentes.
5. Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del consejo de administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.
6. Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantÃa máxima de garantÃas a otorgar durante el ejercicio.
7 Proponer a la asamblea el costo que los socios partÃcipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantÃas.
8. Otorgar o denegar garantÃas y/o bonificaciones a los socios partÃcipes estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantÃa y fijar las normas y procedimientos aplicables para las contragarantÃas a que se refiere el artÃculo 71.
9. Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.
10. Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.
11. Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.
12. Realizar cualesquiera otros actos y acuerdos que no están expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones de la presente ley o los estatutos de la sociedad.
ARTICULO 63. - Sindicatura. Las Sociedades de GarantÃa RecÃproca tendrán un órgano de fiscalización o sindicatura integrado por tres (3) sÃndicos designados por la asamblea general ordinaria.
ARTICULO 64. - Requisitos para ser sÃndicos. Para ser sÃndico se requerirá:
1. Ser abogado, licenciado en economÃa, licenciado en administración de empresas o contador público con tÃtulo habilitante.
2. Tener domicilio especial en la misma jurisdicción de la Sociedad de GarantÃa RecÃproca (SGR).
ARTICULO 65. - Atribuciones y deberes. Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley l9.550 y sus modificatorias, son atribuciones y deberes de la sindicatura los siguientes:
1. Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones, los contratos de garantÃa celebrados y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo.
2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina.
Sección IV
De la fusión, escisión y disolución
ARTICULO 66. - Fusión y escisión. Las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR) sólo podrán fusionares entre sà o escindirse en dos (2) o más sociedades de la misma naturaleza, previa aprobación de la asamblea general con las mayorÃas previstas en el artÃculo 58 de la presente ley y autorización de la autoridad de aplicación, con los requisitos previstos en esta ley para su constitución.
El canje de las acciones de la sociedad o sociedades originales por las correspondientes a la o las sociedades nuevas, se realizará sobre el valor patrimonial neto. Cuando de resultas de esta forma de cálculo quedaren pendientes fracciones de acciones no susceptibles de ser canjeadas, se abonará en efectivo el valor correspondiente salvo que existieran contratos de garantÃa recÃproca vigentes en cuyo caso el pago se realizará una vez extinguidos los mismos.
ARTICULO 67. - Disolución. La disolución de una Sociedad de GarantÃa RecÃproca se verificará, además de las causales fijadas por la ley 19.550 y sus modificatorias, por las siguientes:
1. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el cuarenta por ciento (40 %) del capital.
2. Por disminución del capital social a un monto menor al mÃnimo determinado por vÃa reglamentaria durante un perÃodo mayor a tres (3) meses.
3. Por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.
Sección V
Del contrato, la garantÃa y la contragarantÃa
ARTICULO 68. - Contrato de garantÃa recÃproca. Habrá contrato de garantÃa recÃproca cuando una Sociedad de GarantÃa RecÃproca constituida de acuerdo con las disposiciones de la presente ley se obligue accesoriamente por un socio partÃcipe que integra la misma y el acreedor de éste acepte la obligación accesoria.
El socio partÃcipe queda obligado frente a la S.G.R. por los pagos que esta afronte en cumplimiento de la garantÃa.
ARTICULO 69. - Objeto de la obligación principal. El contrato de garantÃa recÃproca tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partÃcipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social.
Dicho aseguramiento puede serlo por el total de la obligación principal o por menor importe.
ARTICULO 70. - Carácter de la garantÃa. Las garantÃas otorgadas conforme al artÃculo 68 serán en todos los casos por una suma fija y determinada, aunque el crédito de la obligación a la que acceda fuera futuro, incierto o indeterminado. El instrumento del contrato será tÃtulo ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artÃculo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantÃa. La garantÃa recÃproca es irrevocable.
ARTICULO 71. - De la contragarantÃa. Las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR) deberán requerir contragarantÃas por parte de los socios partÃcipes y de los terceros en respaldo de los contratos de garantÃas con ellos celebrados.
El tomador del contrato de garantÃa recÃproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantÃa en respaldo de su operación.
La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantÃas a tipos determinados de operaciones con carácter general, asà como a operaciones particulares.
(ArtÃculo sustituido por art. 15 de la Ley N° 27.444
ARTICULO 72. - Formas de contrato. El contrato de garantÃa recÃproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado.
(ArtÃculo sustituido por art. 16 de la Ley N° 27.444
Sección VI
De los efectos del contrato entre la Sociedad de GarantÃa RecÃproca y el acreedor
ARTICULO 73. - Solidaridad. La Sociedad de GarantÃa RecÃproca responderá solidariamente por el monto de las garantÃas otorgadas con el deudor principal que afianza, sin derecho a los beneficios de división y excusión de bienes.
Sección VII
De los efectos entre la Sociedad de GarantÃa RecÃproca y los socios
ARTICULO 74. - Efectos entre la Sociedad de GarantÃa RecÃproca y el Socio. La Sociedad de GarantÃa RecÃproca podrá trabar todo tipo de medidas cautelares contra los bienes del socio partÃcipe -deudor principal- en los siguientes casos:
a) Cuando fuese intimado al pago;
b) Si vencida la deuda el deudor no la abonara;
c) Si disminuyen el patrimonio del deudor, o utilizare sus bienes para afianzar nuevas obligaciones sin consentimiento de la Sociedad de GarantÃa RecÃproca;
d) Si el deudor principal quisiera ausentarse del paÃs y no dejare bienes suficientes y libres de todo gravamen para cancelar sus obligaciones;
e) Cuando el deudor principal incumpliere obligaciones societarias respecto de la Sociedad de GarantÃa RecÃproca;
f) Cuando el deudor principal fuera una persona de existencia ideal y no diera cumplimiento a las obligaciones legales para su funcionamiento regular.
ARTICULO 75. - Quiebra del socio. Si el socio quebrase antes de cancelar la deuda garantizada, la Sociedad de GarantÃa RecÃproca tiene derecho de ser admitida previamente en el pasivo de la masa concursada.
ARTICULO 76. - Subrogación de derechos. La Sociedad de GarantÃa RecÃproca que cancela la deuda de sus socios sólo se subrogará en los derechos, acciones y privilegios del acreedor resarcido en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados.
ARTICULO 77. - Repetición. Si la Sociedad de GarantÃa RecÃproca ha afianzado una obligación solidaria de varios socios, podrá repetir de cada uno de ellos el total de lo que hubiere pagado.
Sección VIII
De la extinción del contrato de garantÃa recÃproca
ARTICULO 78. - Extinción del contrato de garantÃa recÃproca. El contrato de garantÃa recÃproca se extingue por:
a) La extinción de la obligación principal;
b) Modificación o novación de la obligación principal, sin intervención y consentimiento de la Sociedad de GarantÃa RecÃproca;
c) Las causas de extinción de las obligaciones en general y las obligaciones accesorias en particular.
Sección IX
Beneficios impositivos y Banco Central
ARTICULO 79. - Beneficios impositivos. Los contratos de garantÃa recÃproca instituidos bajo este régimen gozarán del siguiente tratamiento impositivo:
a) Exención en el impuesto a las ganancias, Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, por las utilidades que generen;
b) Exención en el impuesto al valor agregado, Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, de toda la operatoria que se desarrolle con motivo de los mismos.
Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo de los socios protectores y partÃcipes, serán deducibles del resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el cual se efectivicen, siempre que dichos aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mÃnimo de dos (2) años calendario, contados a partir de la fecha de su efectivización. En caso de que no se cumpla el plazo de permanencia mÃnimo de los aportes en el fondo de riesgo, deberá reintegrarse al balance impositivo del ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra el monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente, con más los intereses y/o sanciones que pudiere corresponderle de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y sus modificaciones.
La deducción impositiva a que alude el párrafo anterior operará por el ciento por ciento (100%) del aporte efectuado, no debiendo superar en ningún caso dicho porcentaje. El grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantÃa deberá ser como mÃnimo del ochenta por ciento (80%) como promedio en el perÃodo de permanencia de los aportes. En caso contrario, la deducción se reducirá en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la efectuada al momento de efectivizar el aporte y el grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantÃas, verificado al término de los plazos mÃnimos de permanencia de los aportes en el fondo. Dicha diferencia deberá ser reintegrada al balance impositivo del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal a aquel en que se cumplieron los plazos pertinentes a que alude este artÃculo, con más los intereses que pudieren corresponder de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y sus modificaciones. A los efectos de obtener la totalidad de la deducción impositiva aludida, podrá computarse hasta un (1) año adicional al plazo mÃnimo de permanencia para alcanzar el promedio del ochenta por ciento (80%) en el grado de utilización del fondo de riesgo, siempre y cuando el aporte se mantenga durante dicho perÃodo adicional. La autoridad de aplicación determinará la fórmula aplicable para el cálculo del grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantÃas.
Todos los beneficios impositivos instituidos por el presente artÃculo serán extensivos bajo las mismas condiciones a los fondos de garantÃa provinciales o regionales constituidos por los gobiernos respectivos, existentes o que se creen en el futuro.
(ArtÃculo sustituido por art. 29 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 80. - Banco Central. En la esfera de su competencia y en el marco de las disposiciones de la presente ley, el BCRA dispondrá las medidas conducentes a promover la aceptación de las garantÃas concedidas por las sociedades de que trata el presente régimen por parte de las entidades financieras que integran el sistema institucionalizado, otorgándoles a las mismas el carácter de garantÃas preferidas autoliquidables.
Asimismo el BCRA ejercerá las funciones de superintendencia en lo atinente a vinculaciones de las S.G.R. con los bancos y demás entidades financieras.
(ArtÃculo sustituido por art. 30 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
Sección X
Autoridad de aplicación
ARTICULO 81. - La autoridad de aplicación correspondiente al presente tÃtulo será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, que también dictará las normas reglamentarias que fueran necesarias para su cumplimento y para la fiscalización y supervisión de las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR) con excepción de lo dispuesto en el artÃculo 80.
La autoridad de aplicación del Sistema de Sociedades de GarantÃa RecÃproca tendrá, entre otras atribuciones, las siguientes:
a) Definir los criterios de inversión que deberán observar las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR) pudiendo establecer inversiones obligatorias, de hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de los fondos de riesgo de cada sociedad, en fondos de garantÃa públicos que tengan entre sus objetivos el re-afianzamiento de las obligaciones por ellas contraÃdas;
b) Establecer un aporte solidario a uno o más Fondos de GarantÃas Públicos, de hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los nuevos aportes o reimposiciones que se realicen al fondo de riesgo de una Sociedad de GarantÃa RecÃproca (SGR). Con el objetivo de otorgar estabilidad al sistema de Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR), la autoridad de aplicación sólo podrá fijar dicho aporte a favor de Fondos de GarantÃas Públicos que tengan entre sus objetivos el reafianzamiento de las obligaciones contraÃdas por las Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR) y que se encuentren autorizados por la autoridad de aplicación para recibir dichos aportes;
c) Suscribir convenios con Fondos de GarantÃas Privados a fin de que los mismos se encuentren alcanzados por el régimen de supervisión y control del sistema de Sociedades de GarantÃa RecÃproca (SGR);
d) Aumentar, hasta un máximo de cuatro (4) años el perÃodo de permanencia mÃnimo requerido para que resulte procedente la deducción prevista en el artÃculo 79 de esta ley. Esto será aplicable a los aportes y reimposiciones efectuados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida;
e) Elevar el grado de utilización del fondo de riesgo promedio mÃnimo requerido durante el perÃodo de permanencia para que resulte procedente la deducción prevista en el artÃculo 79, hasta un porcentaje del cuatrocientos por ciento (400%).
Los fondos de garantÃas públicos nacionales, regionales y/o provinciales podrán constituir fondos de afectación especÃfica en los términos del artÃculo 46 de la presente, conforme establezca su reglamentación.
(ArtÃculo sustituido por art. 17 de la Ley N° 27.444
Sección XI
Disposiciones finales
ARTICULO 82. - Ley 19.550. Todas aquellas cuestiones no consideradas especÃficamente en el TÃtulo II de la presente ley se regirán por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificaciones.
TITULO III
RELACIONES DE TRABAJO
Sección I
Definición de pequeña empresa
ARTICULO 83. - El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (P.E.) se regularán por el régimen especial de la presente ley.
A los efectos de este CapÃtulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:
a) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores.
b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artÃculo 104 de esta ley.
Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1° de enero de 1995.
La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá modificar la condición referida al número de trabajadores definida en el segundo párrafo punto a) de este artÃculo.
Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este artÃculo
Sección II
Registro Unico de Personal
ARTICULO 84. - Las empresas comprendidas en el presente tÃtulo podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominando "Registro Unico de Personal".
ARTICULO 85. - En el Registro Unico de Personal se asentará la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente.
ARTICULO 86. - En el Registro Unico de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:
a) El libro especial del artÃculo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T., t.o. 1976);
b) La sección especial establecida en el artÃculo 13, apartado 1), del decreto 342/92;
c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
d) El libro especial del artÃculo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la ley 22.248;
ARTICULO 87. - En el Registro Unico de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, su domicilio y N° de C.U.I.T., y además se consignarán los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
b) Número de C.U.I.L.;
c) Domicilio del trabajador;
d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
e) Fecha de ingreso;
f) Tarea a desempeñar;
g) Modalidad de contratación;
h) Lugar de trabajo;
i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
j) Régimen provisional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.).
k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.
La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad Social.
ARTICULO 88. - El incumplimiento de las obligaciones registrales previstas en esta sección o en la ley 20.744 (t.o. 1976) podrá ser sancionado hasta con la exclusión del régimen de la presente ley, además de las penalidades establecidas en las leyes 18.694, 23.771 y 24.013.
La comprobación y el juzgamiento de las omisiones registrales citadas en el apartado anterior se realizará en todo el territorio del paÃs conforme el procedimiento establecido en la ley 18.695 y sus modificatorias.
Sección III
Modalidades de contratación
ARTICULO 89. - (ArtÃculo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998)
Sección IV
Disponibilidad colectiva
ARTICULO 90. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la poqueña empresa podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.
No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo del artÃculo 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T., texto ordenado 1976).
ARTICULO 91. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los perÃodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) perÃodos en el año.
ARTICULO 92. - (ArtÃculo derogado por art. 41 de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004).
ARTICULO 93. - Las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la pequeña empresa y decididas por la votación unánime de las representaciones que la integran podrán ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los artÃculos 90 y 91 de esta ley con relación a iguales institutos regulados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario por la ley 22.248.
Sección V
Movilidad interna
ARTICULO 94. - El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorÃas determinadas en los convenios colectivos de trabajo.
Sección VI
Preaviso
ARTICULO 95. - En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del dÃa siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.
Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la presente ley.
Sección VII
Formación profesional
ARTICULO 96. - La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.
El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos.
Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capÃtulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.
Sección VIII
Mantenimiento y regulación de empleo
ARTICULO 97. - Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical signataria del Convenio Colectivo la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables.
La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas.
Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que dure la modificación.
ARTICULO 98. - Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas o financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.
Sección IX
Negociación colectiva
ARTICULO 99. - La entidad sindical signataria del convenio colectivo y la representación de la pequeña empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.
La organización sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.
Podrán, asimismo, estipular libremente la fecha de vencimiento de estos convenios colectivos. Si no mediare estipulación convencional en contrario, se extinguirán de pleno derecho a los tres meses de su vencimiento.
ARTICULO 100. - Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o sesenta (60) dÃas antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa. A tal fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá convocar a las partes.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los siguientes derechos y obligaciones:
a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias;
b) Intercambio de información;
c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo.
ARTICULO 101. - En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo especÃfico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa.
ARTICULO 102. - A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capÃtulo especÃfico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo especÃfico para las pequeñas empresas.
ARTICULO 103. - Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de otro ámbito.
Sección X
Salud y seguridad en el trabajo
ARTICULO 104. - Las normas de salud y seguridad en el trabajo deberán considerar, en la determinación de exigencias, el número de trabajadores y riesgos existentes en cada actividad. Igualmente deberán fijar plazos que posibiliten la adaptación gradual de las P.E. a la legislación.
Sección XI
Seguimiento y aplicación
ARTICULO 105. - Créase una Comisión Especial de Seguimiento encargada de:
a) Evaluar el impacto del TÃtulo III de esta ley sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva;
b) Elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores del inciso anterior en el ámbito de la pequeña empresa;
c) Determinar el monto de la facturación anual a los efectos previstos en el articulo 83 de esta ley.
Esta Comisión estará integrada por tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.
La Comisión Especial de Seguimiento podrá, además:
a) Intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capÃtulo y que las partes interesadas decidieran someterle;
b) Ser consultada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capitulo.
ARTICULO 106. - El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al TÃtulo III de la presente ley.
ARTICULO 107. - ComunÃquese al Poder Ejecutivo. -ALBERTO R. PIERRI. -EDUARDO MENEM. - Juan Estrada. - Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
Decreto 415/95
Bs. As., 23/3/95
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 24.467, cúmplase, comunÃquese, publÃquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archÃvese. -MENEM.- José A. Caro Figueroa. - Domingo F. Cavallo. - Jorge A. RodrÃguez. - Carlos V. Corach.
- ArtÃculo 81 sustituido por art. 121 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 72 sustituido por art. 120 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 71 sustituido por art. 119 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 34 sustituido por art. 118 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 33 sustituido por art. 117 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 2° sustituido por art. 26 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 27, inciso c) sustituido por art. 25 del Decreto N° 27/2018
- ArtÃculo 34 sustituido por art. 1° de la Ley N° 26496 B.O. 7/5/2009;
- ArtÃculo 3° sustituido por art. 32 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- ArtÃculo 13 sustituido por art. 35 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- ArtÃculo 34 sustituido por art. 16 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- ArtÃculo 43, último párrafo incorporado por art. 20 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000.